Comunicadores del Siglo XXI

25.11.04

Los medios de comunicación y la responsabilidad social

A primera vista, el concepto de responsabilidad social parece algo inherente a los medios de comunicación y quizás por ello no se haya puesto demasiadas veces en tela de juicio si éstos la llevan a cabo o no. Seguramente, el hecho de que la mayoría de medios formen parte de enormes conglomerados empresariales, los cuales gozan casi del monopolio de la palabra, también haya ayudado a que dicho concepto no haya sido objeto del análisis público tantas veces como, seguramente, debería haber sido. Y es que tales conglomerados tienen como principio fundamental alcanzar el máximo beneficio y, en consecuencia, están poco interesados en abrir un debate que podría mermar sus expectativas de negocio.

Esta realidad que aquí hemos dibujado ha permanecido casi inalterable en muchísimas sociedades hasta hace bien poco. Y decimos hasta hace bien poco porque parece que algo está cambiando en la actualidad. La progresiva presencia de la llamada telebasura en las programaciones de la gran mayoría de cadenas ha disparado la alarma. La ciudadanía ha empezado a movilizarse y los distintos gobiernos están empezando a ser receptivos en relación al malestar de la población.

El caso más paradigmático de esta reciente ebullición del concepto de responsabilidad social de los medios de comunicación es Venezuela. Dejando a parte que quizás el gobierno del presidente Hugo Chávez persiga otros objetivos con la implantación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, como podría ser la puesta en marcha de un proceso enmascarado de censura, la verdad es que hay ciertos aspectos de dicha ley que otros gobiernos deberían tener en cuenta para aplicar en sus respectivos países. Por ejemplo, el artículo 14 del mencionado texto legal contempla que los prestadores de servicios de radio y televisión abierta deben difundir durante el horario “todo usuario” programas educativos e informativos. A su vez, el artículo 26 establece la creación de un fondo de responsabilidad social cuyos recursos se usarán para apoyar proyectos de producción nacional, capacitar a productores, fomentar la educación crítica para los medios y promover la investigación relacionada con la difusión de mensajes a través de radio y televisión.

Otros ejemplos invitan a pensar que, a partir de ahora, la responsabilidad social que se les presupone a los medios será tomada con mayor rigurosidad por estos últimos de lo que en la actualidad lo vienen haciendo. Uno de dichos ejemplos podría ser el Primer Congreso Internacional de Derecho a la Información que tuvo lugar en el estado mejicano de Querétaro entre los días 11 y 13 de este mes de noviembre. Una de las muchas conclusiones a las que se han llegado en este evento es que los medios de comunicación se han alejado de su objetivo social de expresar genuinamente el pensamiento de la sociedad civil y, en su lugar, han creado un sistema de poder sustentado en una visión mercantil y comercial de la información.

Qué duda cabe que lo que está pasando hoy en día en España, en donde el gobierno de Jose Luís Rodríguez Zapatero está iniciando un proceso para controlar qué contenidos se emiten, es un ejemplo más de que se debe exigir a los medios que actúen en consonancia a la responsabilidad social que tienen.

Veremos si otros gobiernos siguen el ejemplo de Venezuela y España, entre otros, y se impregnan también de la efervescencia que parece vivir el concepto de responsabilidad social de los medios en la actualidad.

Para aquel interesado en profundizar más en el tema de la responsabilidad social, incluimos aquí las URL que hemos utilizado para dar forma a este escrito.

Venevisión.net | Aprobados cinco artículos de la Ley de Responsabilidad Social para radio y TV
El Universal On-line | "Se alejan medios de su responsabilidad social"

Josep Fita

2 Comments:

  • Hola a todos. Me llamo Patricia y soy doctoranda de Comunicación y Periodismo en la UAB. Soy, para más señas, venezolana. He tropezado con esta nota casi por casualidad, mientras buscaba en Internet las últimas noticias y estudios sobre la Ley de Responsabilidad social de radio y televisión en Venezuela (conocida como Ley Resorte)

    No he podido resistir la tentación de comentar este artículo. Así que aquí me tienen, opinando.

    Es cierto que los artículos de la ley que mencionas son, a priori, nobles. El problema es que la Ley está compuesta por 33 artículos más. Y la referencia a la responsabilidad social es una excusa para sobredimensionar la autoridad moral del estado en términos de regulación de medios.

    A continuación, transcribo parte de las conclusiones a las que llegué en un trabajo sobre la responsabilidad social y la Ley resorte, para la asignatura de Pere Oriol Costa.

    Regulación gubernamental en Venezuela

    Retomemos pues los roles que a cada actor del proceso mediático le corresponde según la teoría de la responsabilidad social, con relación a la Ley resorte.

    a) El público debe ser conciente del poder del que disfrutan los medios.
    La Ley Resorte hace referencia en varias ocasiones a la educación para la percepción crítica de los mensajes difundidos a través de los medios, en sintonía con la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente aprobada en 1998 por el todavía Congreso de la República de Venezuela. Proyectos en este sentido pueden ser propuestos por las organizaciones de usuarias y usuarios y recibir, a tal efecto, financiación proveniente del Fondo de Responsabilidad Social. El artículo 18 de la Ley, por otra parte, establece como garantía de la recepción crítica que los medios de comunicación hagan llegar a los usuarios las guías de programación y cumplan lo estipulado con respecto a la clasificación de los programas y las indicaciones sobre publicidad.

    ¿Pero no debería ser el público conciente también del poder del que disfrutan los personajes del gobierno? En este sentido, Keane (1991) propone un modelo de servicio público que además de rechazar la doctrina liberal e intenta tomar medidas de protección a la sociedad civil de los efectos del mercado sobre la industria mediática, denuncie y rechace los métodos de censura invisible o expresa de los gobiernos y vigile el poder político.

    La Ley Resorte, además de establecer mecanismos de decisión y sanción muy cercanos al ámbito político, asume la superioridad moral que Martínez (2002) denunciaba en los medios de comunicación privados. Esto se hace evidente en el artículo 10, modalidades de acceso del estado a espacios gratuitos y obligatorios, en los que prohíbe a los prestadores de servicio interferir los mensajes y alocuciones del Estado (como el caso de la doble pantalla) y el 17, democratización de los servicios de difusión por suscripción, en el que exige de forma gratuita un canal de transmisión para producción nacional independiente y comunitario, con predominio de programas culturales y educativos, que será gestionado por el Ministerio de comunicación e información .

    La presencia de tantos funcionarios de la administración del Estado en el Directorio de Responsabilidad Social, y el peso de Conatel y el Ministerio de Comunicación e Información en la toma de decisiones sancionadoras, unido, por supuesto, a la ausencia de una figura de autoridad independiente, hace patente la fuerte implicación del Estado –como poder moral autorizado– en el futuro mediático venezolano.

    b) Los medios deben brindar al público variedad, cantidad y calidad de información y propiciar la discusión crítica.
    Las disposiciones sobre la programación de radio y televisión giran en torno a una serie de elementos:
    o Idioma, lengua, identificación, intensidad de audio e Himno Nacional
    o Tipos de programas: programa cultural y educativo, programa informativo, programa de opinión, programa recreativo o deportivo, programa mixto.
    o Elementos clasificados: lenguaje, salud, sexo y violencia.
    o Tipos, bloques de horario y restricciones por horario.
    o Tiempos para publicidad, propaganda y promociones
    o Restricciones a la publicidad y propaganda
    o Modalidades de acceso del Estado a espacios gratuitos y obligatorios
    o Acceso y bloqueo de señales
    o Organización y participación ciudadana (organizaciones de usuarias y usuarios)
    o Producción nacional, productores nacionales independientes
    o Democratización de los servicios de radio y televisión (distribución horaria para la producción nacional y la producción nacional independiente)
    o Democratización en los servicios de radio y televisión comunitarios de servicio público sin fines de lucro
    o Democratización en los servicios de difusión por suscripción

    Cómo regular la variedad, cantidad y calidad de la información y qué se entiende por debate ponderado y crítico, se convierte en el principal recelo de los detractores de la Ley. Los elementos en materia de programación que regula la Ley, incluyen la discrecionalidad de las Comisiones de Programación de Televisión y de Radio para asignar espacios a los productores nacionales independientes, y violenta en gran medida la autonomía de los medios de comunicación.

    “Con esa norma se modificará sustancialmente el espacio público, que será vulnerado. Los medios establecerán mecanismos de autocensura y éstos son un poder económico, son una industria y no permitirán que los clausuren o que sean penalizados con multas extravagantes. La autocensura en el mediano plazo se convierte en una práctica y en una cultura, y eso es una de las peores situaciones que puede vivir una sociedad democrática.” (Bisbal, 2004)

    Entendemos que con las disposiciones relacionadas a los bloques horarios, las restricciones de horarios y de publicidad y propaganda, así como el énfasis que la Ley pone en la producción de programas educativos y culturales para todo público, se genera un marco de actuación en la que los medios de comunicación pueden mejorar la calidad de sus producciones y de la proyección mediática en general.

    La regulación de los medios de comunicación en tanto industria económica y cultural, no puede encorsetarse en un estricto reglamento que obligue al recogimiento so pena de sanción; en cambio, la regulación debería ser capaz de señalar las responsabilidades que acarrea la libertad (Camps, 2004a). Esto es, sobre unos mínimos principios inviolables, se construye un ambiente favorable para la democratización, la participación ciudadana en los medios; siempre atentos a los abusos.

    c) El Estado debe reconocer la propiedad privada de los medios y fomenta la industria, al tiempo que establece medidas legales para rectificar los abusos crónicos.

    En la misma línea del apartado anterior, entendemos que la Ley Resorte no es un instrumento para rectificar los abusos crónicos cometidos por los medios; pudiera ser, por el contrario, un instrumento coercitivo y de intervención de la libertad de información y de expresión, en tanto la Ley misma y posteriormente las posibles interpretaciones de los órganos competentes, imponen el criterio –probablemente muy politizado– sobre lo que es bueno o malo para los usuarios y usuarias.

    Sobre el reconocimiento de la propiedad privada de los medios de comunicación, nada se dice en la ley. Y el fomento de la industria pasa por la creación de la figura de los productores nacionales independientes y la exoneración de determinadas disposiciones a los prestadores de servicios de televisión y radio comunitarias, sin fines de lucro.

    Como ya hemos visto, los productores nacionales independientes no son tal en tanto para acceder al espacio mediático deberán pasar antes dos filtros: el Ministerio de Comunicación e Información, que deberá otorgar la credencial –revocable, por cierto– que los autorice como tales, y las Comisiones de programación de televisión y Radio, que les asignará espacios en los medios de comunicación. Así pues, la independencia de los productores nacionales independientes, queda en entredicho.

    Así pues, el modelo de regulación que propone la Ley resorte es más un modelo gubernamental que independiente; y más promueve la autocensura que la autorregulación. Para terminar, nos quedamos con que la regulación y autorregulación del espacio público mediático es más eficaz, creíble y legítima si es impulsada y controlada por “organismos cuyos miembros carezcan intereses partidistas o estén directamente vinculados a empresas de la comunicación, personas que crean en lo que hacen y se propongan a servir al interés público por encima de cualquier otra cosa” (Camps, 2004b:250)

    By Anonymous Patricia Castillo, at 18 de mayo de 2005, 22:08  

  • mi nombre es Nerio Torrealba soy estudiante deL 8vo semestre derecho de derecho de la Universidad Bolivariana De Venezuela hoy en en dia los medios de comunicacion de venezuela su primordial objetivo es crear en el pais un estado de violencia y terrorismo mediatico, descontextualizando la informacion para sus propios intereses politicos ,cotaminando desde todos los sentidos las mentes de todos los venezolanos y venezolanas con lo que llamamos hoy en dia una "GUERRA DE CUARTA GENERACION" y que conllevan al repudio total de sus acciones , dejando a un lado lado su etica,valores,objetividad,veracidad, pluralismo e imparcialidad , utilizando el espectro radioelectrico como un canon disfrazando la informacion , a su propio interes particular dejando a un lado e irrespetando un estado derecho y un ordenamiento jurico vigente hoy en dia en nuestro pais ATTE NERIO TORREALBA U.B.V.

    By Anonymous Anónimo, at 21 de mayo de 2009, 22:30  

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